El arbitraje es un proceso para personas naturales y jurídicas con capacidad para transigir.
Es un proceso de mutuo acuerdo, es decir, cabe arbitraje únicamente si ambas partes lo han acordado previamente.
El arbitraje requiere un convenio arbitral mediante el cual las partes acuerdan someter determinadas controversias a arbitraje. El convenio puede celebrarse antes o después de que surja la controversia.
Las partes pueden seleccionar al árbitro o árbitros que intervendrán en la solución de la controversia. En el caso de que no lo hagan, el Centro sorteará dentro de su lista de árbitros, al o los árbitros para ese proceso puntual. El Centro puede proponer árbitros especializados en la materia de la controversia.
El arbitraje puede desarrollarse de manera confidencial cuando así lo acuerden las partes.
Las partes se someten a la decisión definitiva de parte de los árbitros.
Una vez emitido el laudo arbitral por parte del o de los árbitros designados tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y constituye título de ejecución conforme al COGEP. Frente al laudo, únicamente se puede proponer contra él una acción de nulidad por las causales previstas taxativamente en la ley.
Las partes deben haber acordado someter sus controversias a arbitraje, mediante una cláusula contractual o un convenio arbitral escrito.
La parte interesada presenta su demanda, adjunta el convenio arbitral y las pruebas disponibles, y cancela los costos del procedimiento.
El Centro verifica que la demanda cumpla los requisitos necesarios y, de ser procedente, dispone su citación.
El demandado recibe formalmente la demanda y puede contestarla, presentar pruebas y ejercer plenamente su derecho de defensa.
El demandado, en su contestación puede responder a las alegaciones, plantear excepciones o presentar una reconvención.
El demandado puede formular una pretensión contra el actor cuando esta se encuentre comprendida en el convenio arbitral.
La demanda, la contestación, la reconvención y su contestación pueden ser modificadas una sola vez, dentro de los términos establecidos por la Ley.
Antes de constituir el tribunal, las partes participan en una audiencia de mediación para explorar una solución consensuada.
Se conforma el tribunal arbitral o se designa un árbitro único.
Las partes designan a los árbitros que resolverán la controversia. A falta de acuerdo, el Centro realiza su selección mediante sorteo.
Constituido el tribunal, este analiza su competencia y, si corresponde, dispone la continuación del proceso y la práctica de pruebas.
Las partes presentan y practican sus pruebas ante el tribunal, que puede convocar audiencias, escuchar testigos y recibir informes periciales.
Las partes exponen sus conclusiones y el tribunal analiza el expediente y emite un laudo obligatorio, definitivo y con efecto de sentencia ejecutoriada.
Notificado el laudo, las partes pueden solicitar, dentro del término legal, su aclaración o ampliación.
Una vez atendidas las solicitudes de aclaración o ampliación, el laudo queda ejecutoriado y el procedimiento concluye.
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